Ningún asesinato de colombianos se justifica por cuenta de conflictos de tierras o de intereses políticos o económicos perpetrados por grupos al margen de la ley, llámese disidencias de las Farc o grupos paramilitares. No se justifica ni el de cada uno de los 343 líderes sociales que al 3 de septiembre de 2018 habían sido asesinados en los dos últimos años en Colombia, ni el de los tres geólogos asesinados en Yarumal, que trabajaban para Continental Gold. Ninguno de estos asesinatos merece menos atención o disgusto enconado que los demás. Cada asesinato de colombianos, sin importar el origen de las balas, merece nuestra indignación.
Al mismo tiempo, cada uno de los criminales perpetradores, tanto los autores intelectuales como los materiales, sean disidentes de las Farc, paramilitares, sicarios o, incluyamos, delincuentes comunes (que de comunes no tienen nada) deberían pagar cadena perpetua por cada uno de esos crímenes. Y aunque a veces la indignación lleve a pensar que en justicia cada uno de ellos debería ser condenado a muerte, esto sería incurrir en una solución brutal y peligrosamente arbitraria (la pena capital ha ido siendo desmontada paulatimanente en muchos países del mundo, entre otras razones por el riesgo que se corre de propiciar que se ejecute a alguien injustamente, algo atroz e irremediable que ya ha ocurrido y que ha sido una de las principales razones para abolirla).
– https://www.eltiempo.com/…/lideres-y-defensores-asesinados-…
– https://www.elpais.com.co/…/familias-hablan-de-amenazas-que…
– https://es.wikipedia.org/…/Anexo:Pena_de_muerte_por_pa%C3%A…
Markota 
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